Actualmente México se está sumando a los países que han decidido despenalizar y legalizar el uso del cannabis para diversos usos como ocurre en Canadá o Uruguay, en gran parte, por los enormes beneficios económicos que esto representa. De acuerdo a la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis, este mercado puede tener un valor de 5,000 millones de dólares anuales.

La segunda razón por la que se impulsa esta medida es para combatir la violencia que genera el narcotráfico, aunque especialistas afirman que los impactos serán mínimos debido a que el actual negocio radica en la cocaína, metanfetaminas, heroína y fentanilo.

Por el momento, en la nación solo se permite la venta del cannabis medicinal. Al no publicarse oficialmente la Ley Federal para su regulación, no se puede cultivar y comercializar plantas, semillas y derivados, ni lo relativo para el consumo recreativo (también llamado uso adulto).

Pero desde la parte ecológica y en especial en el tema del agua, nadie está alzando la voz, aun cuando México es considerado mundialmente con baja disponibilidad del líquido vital por persona, con altos niveles de estrés hídrico, déficit en cuencas y sobreexplotación de acuíferos, donde cada vez se registran más sequías extremas históricas por todo el país.

 

Cuencas en déficit en rojo (izq.). Acuíferos sin disponibilidad en rojo (dcha). En estos sitios
no se puede otorgar nuevas concesiones de agua superficial (izq.) y subterráneas (dcha.).

Dado este complejo contexto, en la nación se debe realizar un análisis minucioso sobre los posibles impactos o requerimientos de agua y de tierra antes de aprobar una legislación que permita la producción a gran escala del cannabis.

 

Consumo e impactos en el agua del cannabis.

Inicialmente se presume que el cannabis es una planta que puede crecer en entornos difíciles, ya que es muy tolerante al estrés ambiental. Es por ello que la Alianza Latinoamericana de la Cannabis considera que un 80% del territorio mexicano es apto para su cultivo y producir sus derivados, mientras que la consultora New Frontier calcula cerca de 24 millones de hectáreas con potencial de siembra cannábica.

Sin embargo, uno de los mayores retos sobre el cannabis es conocer su impacto hídrico. Hoy en día no existe una cifra universal aceptada, ya que las investigaciones en gran parte se han hecho al noroeste de California (en el llamado "Triángulo Esmeralda"), y los resultados dependen de la planta que se estudie, de la fase de crecimiento, de los métodos de cultivo, así como del clima y de los suelos de cada región, entre otros factores.

Un estudio de 2019 mostró que en California, el consumo promedio de agua en las granjas de cannabis al aire libre fue de entre los 19.3 y 20.8 litros por día por planta, mientras que la producción en interiores de entre 9.4 y 10.5 litros diarios por planta. Los datos anteriores, en especial para el cultivo exterior de cannabis, significaron una demanda de agua mayor por planta en comparación con granos básicos como el arroz, el maíz y el trigo. Por otra parte, la siembra en interiores puede producir hasta doble cosecha al año que la cultivada al exterior, debido al control del ambiente, como la cantidad de luz.

Otra investigación del 2019 realizada en una cuenca del noroeste de California, concluyó que la producción de cannabis puede contribuir al agotamiento de las fuentes de agua, y representar competencia de uso con la agricultura tradicional en especial en las temporadas de sequía donde los niveles de caudales disminuyen. En la misma zona, se registró que el mayor consumo de agua de las granjas fue entre junio y septiembre (verano y principios de otoño), obtenida de diversas fuentes como las estacionales superficiales, estanques y pozos.

En todo el estado de California, se mostró que los pozos (agua subterránea) son la principal fuente hídrica, donde más de 75% de las granjas estudiadas los usaban, especialmente en zonas con menor precipitación, menor acceso a caudales o no contaban con estanques de almacenamiento. Este estudio reconoce la dificultad de saber cuánta agua subterránea usa el cultivo del cannabis debido a los pozos que son explotados sin regulación e inspección oficial, ya que existen numerosas granjas clandestinas. Al mismo tiempo, se destaca que la producción de cannabis en este estado norteamericano, es mucho menor en comparación con otros cultivos y sectores, y por lo tanto, su gasto hídrico.

En 2018, un artículo evidenció que en el periodo 2012-2016, en los dos condados con mayor productividad de cannabis, se incrementó en un 80% el número de sitios de cultivo, que significó un aumento del 91% en la superficie total cultivada. Asimismo, un estudio del 2016 desarrollado en el principal condado de California con mayor producción de cannabis, demostró que en más del 80% las cuencas se impulsaba esta actividad, inclusive en zonas con biodiversidad amenazada. Se concluyó que esto representa un mayor riesgo ecológico debido al consumo del agua y de agroquímicos.

No obstante, a pesar de los artículos publicados sobre el tema, especialistas concluyen que uno de los problemas centrales es la falta de información científica, tanto del uso, como de la contaminación del líquido vital de esta actividad emergente. Por ejemplo, a pesar de que Uruguay casi tiene 10 años de haberse regulado el cannabis, no se encuentran estudios académicos sobre el impacto al agua para la producción del cannabis.

En Canadá el cannabis se legalizó en 2018. En Ontario científicos han iniciado el estudio de los impactos ambientales de los metabolitos del cannabis que son expulsados por la orina y excreta de las personas, que se desechan en aguas residuales y que las plantas de tratamiento solo podrían eliminar un 75% de estos compuestos químicos, que en altas concentraciones pueden afectar el ADN de la biodiversidad acuática local.

Es importante aclarar, que cuando se habla de cannabis, se refiere al género de plantas pertenecientes a la familia Cannabaceae, donde existe una sola especie: Sativa, y sus variedades: Indica y Ruderalis. Pero en términos coloquiales, se podría hablar de la mariguana (también conocida como hierba, mota, Mary Jane, café, epazote, orégano, etc.) que produce efectos psicoactivos, y por el otro lado está el cáñamo o hemp, usado con fines industriales para la producción de telas, papel, plástico, aglomerados, proteínas, cosméticos o para procesos de fitorremediación en suelos y aguas contaminadas. Tanto la mariguana como el cañamo tienen compuestos medicinales (THC y CBD).

Particularmente el cáñamo, se ha difundido que puede reemplazar a cultivos textiles que requieren más agua y agroquímicos como el algodón. Sin embargo, los estudios científicos demuestran que la producción de algodón tiene una huella hídrica que se registra de 2330, 2745, 2788 y 3590 m3 de agua por tonelada de fibra, mientras que para la fibra de cáñamo la cifra es de entre 2570 y 2819 m3 por tonelada. Cabe destacar que los estudios han sido realizados en diferentes años y en diferentes países, con condiciones ambientales particulares, reconociendo las limitaciones e incertidumbres de los modelos para calcular la huella hídrica.

 

¿Dónde se ha cultivado la mariguana en México?

En México las ubicaciones exactas de cultivo de mariguana se desconocen debido a su condición de ilegalidad. Lo que el gobierno registra son las hectáreas y municipios donde se erradican los cultivos. Por ejemplo, del año 2017 al 2021 se eliminaron 87,191 hectáreas, mayormente en los estados de Sinaloa, Durango, Chihuahua, Oaxaca y Jalisco, en la zona de la Sierra Madre Occidental y Sur.

 

Imagen 3. Destrucción de cultivos de mariguana en hectáreas entre 2017 y 2021. Fuente: MUCD, 2022.

 

En gran parte de estas áreas erradicadas con cultivos de mariguana, actualmente en el país existen diversos reglamentos y zonas de veda para la restricción de uso de agua superficial y subterránea, con la finalidad de promover la conservación y recarga hídrica en las cuencas y acuíferos.

 

Imagen 4. Zonas de veda para aguas superficiales (izq.) y subterráneas (dcha.). FUENTE CONAGUA 2019 Y 2022.

 

Riesgos potenciales de la legalización del cannabis en México.

Dicen que lo complicado no es tomar una decisión, sino tener que vivir con sus consecuencias. Desde el lado de las políticas públicas, es clave gestionar los riesgos y consecuencias que la legalización del cannabis pueda provocar en México, y no solo a nivel económico, de seguridad o de salud, sino que se debe de estudiar y prevenir cuestiones ambientales.

El anteproyecto de la Ley para la Regulación del Cannabis, menciona que las acciones del Estado en la materia deben contribuir a la gestión sostenible del agua. De acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, los recursos hídricos son un tema de seguridad nacional y tienen que administrarse integradamente, incluyendo la gestión de suelo y bosques.

 

Riesgos institucionales

El primer punto que se podría abordar, es la capacidad institucional de la Comisión Nacional de Agua para atender y entregar nuevas concesiones en las cuencas y acuíferos con disponibilidad hídrica. La misma autoridad federal, así como la Auditoría Superior de la Federación han informado el rezago para solventar diversos trámites, algunos archivados desde hace muchos años. Si bien la vigente administración gubernamental ha mejorado esta situación, ante la legalización del cannabis podría representar una presión extra y de no resolver en tiempos adecuados, se puede incentivar a extraer agua clandestinamente para el riego o incentivar la corrupción para acelerar los trámites de las concesiones.

En segundo momento, en las zonas sin disponibilidad, la Ley de Aguas Nacionales permite la transmisión de concesiones entre usuarios, que requiere la aprobación de la CONAGUA. En este caso se puede incrementar el coyotaje para la compra y venta de los títulos de concesión de agua, en especial la subterránea, para la producción de cannabis, sobre todo en la zona del norte del país en casos de exportación hacia los EE.UU. Aquí es donde cabe reiterar la falta de información sobre las transmisiones de concesiones, en especial de los Bancos de Agua de la CONAGUA que en parte son los responsables de gestionar este trámite.

Otra de las críticas que ha recibido la CONAGUA es la baja capacidad de inspeccionar a los usuarios que tienen concesiones de agua y sancionar a quienes incumplen la Ley, que en este gobierno federal estas labores han sido minúsculas a pesar de aprobarse nuevas concesiones, en particular, a razón de la atención del rezago administrativo mencionado. Aprobar nuevos títulos de agua para la producción cannábica, incrementará el universo de usuarios de la CONAGUA.

 

Imagen 5. Visitas de inspección, procedimientos y sanciones realizados por la CONAGUA.

 

Finalmente, el último riesgo institucional es el relacionado con el control y vigilancia de plaguicidas tóxicos e incluso prohibidos, por parte de las autoridades como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, lo cual fue denunciado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el año 2018. Si bien en la actual gestión, se creó el Grupo Intersecretarial para Regulación sobre Plaguicidas en 2019 y se decretó la eliminación del glifosato en 2020, el consumo de agroquímicos para el cultivo de la cannabis en México todavía es un misterio, debido a la falta de estudios científicos en el territorio.

 

Riesgos en el cambio de uso de suelo: deforestación y soberanía alimentaria

La legalización del cannabis para producir mariguana y cáñamo puede generar incentivos para modificar el uso de suelo, sobre todo en zonas con cobertura forestal importante para la conservación de la biodiversidad y del ciclo del agua, como son los bosques y selvas. Un ejemplo en México de este tipo de consecuencias, es el programa federal Sembrando Vida, donde se ha evidenciado la deforestación que provocó en varias partes del país.

De la misma manera, en suelos agrícolas se podría cambiar de cultivo, al sembrar cáñamo por mencionar, en vez de granos de la canasta básica o nativos, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria de la población. A este fenómeno se le denomina "selección comercial", que explica la sustitución en la siembra de productos agrícolas locales por otros que tienen mayor rentabilidad económica. Lo preocupante, es que, en muchas ocasiones estos nuevos cultivos requieren de más agua y agroquímicos. En EE.UU. se ha registrado que producir cannabis genera mayores ganancias económicas que sembrar papa y maíz, y un gran número de granjas cambiaron sus cultivos.

 

Riesgos para la sostenibilidad hídrica y biodiversidad

El cultivo del cannabis puede afectar los caudales y también ejercer presión sobre el agua subterránea por medio de los pozos o el desvío de los causes para la irrigación. De no planificarse adecuadamente los permisos de siembra y concesiones hídricas en México, se puede empeorar la condición de muchas cuencas y acuíferos sobreexplotados.

Asimismo, el riesgo no solo es el consumo de agua, sino también el abuso de los agroquímicos que pueden contaminar las fuentes hídricas, el suelo y la vida de organismos. Cuando los cultivos de cannabis disminuyen los flujos superficiales de las cuencas bajas, se puede dañar en especial la biodiversidad de peces y anfibios que requieren condiciones particulares de los ecosistemas acuáticos.

 

Otras consideraciones y comentarios finales

En EE.UU. ocurrió que en los inicios de la regulación para el uso o producción del cannabis, los legisladores incorporaron mínimamente aspectos ambientales en las deliberaciones, dejando en segundo lugar temas cruciales como la sostenibilidad hídrica, ya que la prioridad fue en su momento lo económico.

Dadas las exigencias ecológicas y en especial sobre los recursos hídricos, en 2018 el condado de Denver publicó la "Guía de mejores prácticas de gestión ambiental del cannabis", mientras que la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos de California en 2019 presentó el documento "Política de Cultivo de Cannabis: Principios y Directrices para el Cultivo de Cannabis".

Otra de las consideraciones en la regulación del cannabis, es que es necesario otorgar presupuestos adecuados a las autoridades, tanto de salud como las de medio ambiente y agricultura para realizar inspecciones o solventar trámites. Durante el periodo 2012-2016 los recursos económicos asignados por el Estado de California para regular el cannabis crecieron, tanto para el Departamento de Salud Pública como para las agencias estatales de protección del medio ambiente.

Continuando con las experiencias de California en torno al uso y vigilancia institucional del agua subterránea, se han tenido diversas limitaciones en comparación con la regulación de las superficiales, que ha dificultado establecer parámetros y políticas locales para proteger los flujos subterráneos, pero al igual para proteger los caudales superficiales debido a la interdependencia entre ambas fuentes hídricas, y la biodiversidad sensible o en algún grado de riesgo de extinción que es vulnerable ante cambios hidrológicos y climáticos. Lo anterior recalca la necesidad de vincular las políticas del cannabis con el cambio climático, que ha incrementado las sequías históricas, tanto en California como en todo México en los últimos años, lo que puede generar mayor presión para los acuíferos a futuro ante la disminución de lluvias y de los caudales disponibles.

Si bien existen riesgos para el ambiente y para el agua en torno a la producción del cannabis, una buena regulación y sobre todo su implementación puede brindar oportunidades para el desarrollo rural sostenible, que ayude a conservar el suelo y la naturaleza. Por ejemplo, la ley mexicana podría incentivar prácticas orgánicas y agroecológicas para los cultivos de cáñamo o mariguana, evitando monocultivos y agroquímicos que degradan el suelo y la biodiversidad nativa.

En este sentido, es clave permitir a la academia las facilidades para investigar y recabar datos sobre el uso del agua y de agroquímicos por mencionar, en las zonas de cultivo. Para el caso de México, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) junto con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), podrían solicitar permisos legales para investigar la huella hídrica, la eficiencia en el riego, así como la producción agroecológica del cannabis, para proponer en qué municipios es conveniente permitir su siembra de acuerdo a sus condiciones hídricas, climáticas, de suelo, ecológicas y también de marginación social.

El hecho de que México cuente con evidencia científica sobre las necesidades de agua, suelo y clima de los cultivos de cannabis, puede permitir a los productores agrícolas solicitar concesiones de agua con volúmenes adecuados a la CONAGUA, favoreciendo al mismo tiempo las mejores prácticas de riego y manejo de suelo, plagas, etc. Cuando se impulsa una regulación de la cannabis con base en investigación y evidencia científica, se pueden reducir diversos impactos negativos al ambiente, y gestionar diversos riesgos relacionados con el cambio climático que todavía es un tema que ha sido desvinculado de muchas políticas agrícolas e hídricas.

Actualmente la Ley de Salud solo permite la investigación científica de los medicamentos y derivados farmacológicos del cannabis. Sin embargo, posiblemente mediante un amparo, respaldado por el derecho humano a la ciencia del artículo tercero de la Constitución, el criterio de seguridad nacional que menciona la Ley de Aguas Nacionales y principio de precaución, se autorice realizar estudios diferentes a los medicinales de la mariguana y el cáñamo.

Con un poco de más visión, México podría vincularse con el gobierno de Uruguay para generar datos binacionales en temas de agua. Este país determinó en 2019 la investigación científica del cannabis de interés público y creó su Centro Uruguayo de Estudios Avanzados en Cannabis. De la misma manera, se podría lograr la alianza académica con Canadá y algunas universidades de EE.UU.

Relativo al aspecto social, uno de los retos de la producción de cannabis, es lograr una administración equitativa de los derechos de agua, pero también de los permisos de siembra. Actualmente existen grandes empresas nacionales y trasnacionales esperando la legalización en México, que seguro ya tienen calculadas las necesidades de agua y conocen los mecanismos de solicitud de concesiones o las transmisiones de agua ante la CONAGUA. Será vital evitar la concentración de permisos de siembra, para reducir el acaparamiento hídrico.

Aunque en EE.UU. existen condados donde es legal la producción del cannabis, existe todavía un gran número de granjas que operan en la clandestinidad, así como su uso de agua, que resulta desleal para quienes cuentan con los permisos y se sujetan a las reglamentaciones. Si bien se puede lograr una buena regulación e inspección en México, diversos cultivos de cannabis seguirán en la ilegalidad al igual que sus extracciones hídricas.

En cuanto a los riesgos en la soberanía alimentaria, es necesario generar incentivos para que las y los campesinos continúen con la siembra de maíz, tomate, chiles, frijoles y demás cultivos esenciales de México, ya que producir cannabis posiblemente sea más redituable. Por otro lado, ¿El cannabis podrá entrar en el programa federal Sembrando Vida?

A pesar de los cuestionables impactos sobre la violencia generada por el narco, la legalización del cannabis en el lado económico sin duda puede ofrecer beneficios importantes. Sin embargo, ante el contexto climático y del agua en México, es fundamental gestionar los diversos riesgos para favorecer la sostenibilidad hídrica y el desarrollo sostenible, con base en conocimiento científico actualizado al país.