El artículo 22 de la vigente Ley de Aguas Nacionales (LAN), establece que la disponibilidad media anual tanto de cuencas como acuíferos del país, debe revisarse y publicarse cada tres años. Esta información relevante para el desarrollo y bienestar de la nación, es publicada en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Sistema Nacional de Información del Agua y en la Plataforma Nacional de Transparencia, siendo responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). La última actualización fue publicada en septiembre del 2020, por lo que los nuevos datos ya deberían de estar disponibles, pero esto no es así.
Los resultados derivados de los estudios del 2020, nos mostraron que en México, de las 757 cuencas existentes (donde se miden las aguas superficiales), el 13% se encontraron en déficit. Mientras que de los 653 acuíferos del país (que almacenan el líquido subterráneo), 42% se identificaron sin disponibilidad para extraer más volúmenes. Específicamente los acuíferos en peor situación hídrica, catalogados como ‘sobreexplotados’, en 1985 habían solo 80 en esta situación, para el 2011 se reportaron 101, en 2014 106, en el 2018 fueron 115 y la última cifra publicada en 2020, de 157.
En sus evaluaciones de 2017 y 2019 de la política del agua, la Auditoría Superior de la Federación detectó una tendencia de mayor número de cuencas y acuíferos en déficit, lo que en términos concretos significa menos agua disponible para las y los mexicanos. De contar con un volumen en 1970 de 8 mil metros cúbicos por persona, para el 2012 la misma estadística se registró de 4,028, y para el 2030 se espera un volumen de 3,430 m3 por habitante. Especialmente, las dos Regiones Hidrológicas Administrativas (RHA) con la menor disponibilidad son la del Valle de México y la del Río Bravo. En total, 8 de las 13 RHA están marcadas con alto estrés hídrico (en el centro y norte del país). Lo anterior no solo es consecuencia del crecimiento poblacional, sino también por cuestiones del crecimiento económico, la inadecuada gestión hídrica así como por asuntos climáticos.
En este sexenio, han ocurrido al menos tres eventos clave que podrían determinar los resultados de los estudios de disponibilidad hídrica del 2023. Por un lado, la emergencia del COVID-19 que provocó mayor presión en los servicios públicos de agua entubada, y por la tanto, mayor extracción de las fuentes superficiales y subterráneas para cubrir el consumo extra que permitía el constante lavado de manos y mayor limpieza tanto doméstica como de los centros de trabajo. El segundo evento fue la gran sequía severa y extrema que afectó a más de la mitad del territorio por tres años, que ante la falta de lluvias ocasionado por el fenómeno climático de la Niña, el sector agrícola potencialmente incrementó la explotación del agua del subsuelo, a pesar de que las declaraciones de emergencia tuvieron que haber detenido muchas extracciones.
Finalmente, es destacable la disminución del trabajo de inspección de la CONAGUA. En el periodo 2012-2018 la institución federal realizó en promedio 8,415 visitas de inspección al año, mientras que del 2019 al 2022, se ha tenido la estadística de 2,334 inspecciones anualmente. Esto se traduce que ha habido una menor probabilidad de detectar y multar, por una parte, a los usuarios que extraen más agua de lo permitido por las concesiones, y por el otro lado, identificar, sancionar o regular a las personas que explotan el líquido clandestinamente.
A la par de esto, se continúa perdiendo zonas de recarga e infiltración hídrica, como lo son matorrales, bosques o humedales, debido al cambio de uso de suelo vinculados al crecimiento inmobiliario y agropecuario desordenado, así como a la deforestación ilegal que se presenta en todo el territorio. Ante este complicado panorama ¿Es posible que la CONAGUA nos muestre resultados positivos para las cuencas y acuíferos del país? Sería un milagro que ante el mencionado contexto, los números rojos existentes pasaran a verdes.
Esta realidad demanda que se debe dar la máxima prioridad al tema de los recursos hídricos en los siguientes debates presidenciales, y sobre todo, en su consecutivo Plan Nacional Hídrico 2025-2030 y sus respectivos regionales. El reto de la sucesiva presidenta, es actualizar y ampliar la visión técnica y científica de la gestión del líquido vital para no seguir queriendo tapar la crisis de gobernabilidad del agua de manera tecnocrática a base de puro cemento y tubos (presas, trasvases, desalación), lo cual solo nos ha mostrado el lado reactivo del modelo fracasado, cortoplacista y poco integral de la política hídrica, o mejor dicho hidráulica, de México.
La principal exigencia tanto de la sociedad civil como de la academia sigue siendo la democratización de las decisiones del agua, pero mientras se tenga una ley desactualizada, será difícil promover esa gobernanza para gestionar los recursos hídricos con mayor legitimidad, equidad y eficacia. Recordemos que en gran parte la crisis del agua es una crisis de gobernabilidad, y que la gobernanza propone un modelo de cultura de co-gestión democrática con mayor descentralización y a niveles más locales, que se diferencia del viejo modelo de gobernar de las décadas pasadas, donde el único actor decisor con poder es el Estado (cultura de gobernabilidad concentrada y vertical) que todavía impera en la CONAGUA.
Ahora es el momento para tener una visión más crítica en las siguientes propuestas de las candidatas y candidatos presidenciales en torno al agua, y participar informadamente en la construcción del próximo Plan Nacional Hídrico, así como de una nueva Ley General de Aguas. Recordemos que tenemos el derecho humano a la participación en asuntos públicos, lo cual es doblemente imperante su ejercicio con la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, el cual el gobierno mexicano está obligado a cumplir. Este momento histórico, nos exige a la sociedad civil y academia aprovechar esta ventana de oportunidad para organizarnos de mejor manera para impulsar propuestas integrales e integradas, que logren incidir en la agenda pública y política.