Desde los 90s se viene alzando la voz explicando que la crisis del agua es una crisis de gobernabilidad, y como respuesta se propone la gobernanza. A pesar de ello, en México y en otras latitudes del mundo, se continúa con una visión tecnocrática y centralizada de la toma de decisión en la gestión de los recursos hídricos. El propósito de este texto, es exponer muy brevemente los problemas de seguir con una visión tecnocrática y aristocrática de las cuestiones del agua, específicamente con el caso del desmonte del Río Santa Catarina en Monterrey, en el cual me he involucrado aprovechando que en dicho municipio estoy estudiando la Maestría en Gestión Integral del Agua en el Colegio de la Frontera Norte.
A mediados del año 2023, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) identificó preocupantes probabilidades estadísticas de una fuerte inundación en la zona metropolitana de Monterrey, cosa que afortunadamente no ocurrió. Una de las respuestas técnicas ante tal posibilidad en ese momento, fue el desmonte del Río Santa Catarina, lo cual fue ejecutado en el mes julio por la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, pero esta acción al no ser socializada, se percibió como un acto ecocida, en un escenario donde la sociedad además de tener mayor consciencia ambiental, enfrentó una crisis de desabasto el año pasado, y al mismo tiempo, sabe que existen fuertes intereses económicos y políticos sobre esa área por proyectos de infraestructura, como la idea de construir un estadio de futbol, otro viaducto o más recientemente un “parque del agua”.
Esta decisión tecnocrática sin sensibilizad social ni política, ni mucho menos con estrategias de gobernanza evidentemente, llevó a esa “crisis de gobernabilidad”, y rápidamente las personas y organizaciones locales salieron a manifestarse y parar las obras. Se provocó un enojo y movilización ciudadana en el palacio de gobierno, se impulsaron amparos legales y peticiones en change.org firmadas por más de 25 mil personas, múltiples medios de comunicación informaron al respecto y se calentó más la disputa entre las elites políticas que desde el principio del gobierno de Samuel García representando a Movimiento Ciudadano (MC) se han traído una guerra, especialmente con la oposición del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Institucional (PRI). Ante esta situación ocasionada por el desmonte técnico, tanto el gobierno ejecutivo de la entidad, como la oposición desde el poder legislativo mostraron apoyo a las exigencias del colectivo ciudadano llamado Un río en el río, y se llevaron a cabo formalmente una audiencia y un foro público para repensar las estrategias.
La intención de este texto no es narrar todo el proceso social y político de esta situación del desmonte, como lo he hecho en otras ocasiones, sino de repensar la acción gubernamental, que trate de ligar lo técnico con lo político, mediante el marco de gobernanza. Hoy en día, las decisiones aristocráticas de las o los especialistas técnicos o en su caso dentro de la función pública, no tienen la suficiente legitimidad social si no se democratiza la decisión. Nos sobran los casos en México para ejemplificar: el proyecto el Zapotillo, el proyecto Agua Saludable para la Laguna, el trasvase de Monterrey VI, los decretos y vedas de Peña Nieto, la ley estatal de aguas en Querétaro, o la misma Ley General de Aguas en México, los cuales han generado grandes rechazos y hasta conflictos.
Tenemos que entender, y en especial, las y los funcionarios de las instituciones ambientales y del agua, que nuestra democracia en México sigue madurando, y ya no nos es suficiente el modelo de la democracia representativa electoral, donde las responsabilidades corren a cargo de las instituciones. Ahora necesitamos mayor aplicación del modelo de democracia participativa, donde diversos actores no gubernamentales sienten la co-responsabilidad y quieren y queremos participar, sabiendo que esto es un derecho humano, y sobre todo ahora más exigido por el Acuerdo de Escazú entrado en vigor en abril del 2021.
El caso del Río Santa Catarina obedece al modelo de gobernabilidad democrática representativa, donde la CONAGUA y en este caso, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, tienen que encargarse ellas solas de los riesgos de inundación y del desmonte, sin incluir a actores clave en este proceso, como la sociedad civil, academia o empresas. Todo lo contrario, sería, si en nuestras autoridades se pensara desde un modelo de democracia participativa, donde en muchos procesos gubernamentales se incluyeran formas de incluir a la ciudadanía que cada vez es más crítica e informada.
El Acuerdo de Escazú es el marco más importante para favorecer la gobernanza del agua, promoviendo acciones de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Pero mientras las instituciones sigan su lógica centralizada y tecnocrática, amparadas por una legislación hídrica nacional desactualizada, van a seguir ocurriendo estas tensiones, lo que no favorece a la gobernabilidad del agua, al mismo tiempo se generan conflictos y se perjudica la legitimidad política de los gobiernos estatales, federales, o inclusive municipales si llevamos a escala de la gestión hídrica de los Organismos Operadores del Agua.
Es muy claro, que todavía el Acuerdo de Escazú se encuentra lejos de tener una aplicación gubernamental proactiva, especialmente en este caso concreto donde estuvieron involucradas tanto la CONAGUA del gobierno federal, como la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León. A pesar de los esfuerzos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la misma Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal, las decisiones institucionales del agua siguen siendo poco democráticas, y las figuras participativas como los Consejos de Cuenca o el Consejo Consultivo del Agua A.C. son insuficientes y poco representativas, como se ha expuesto en diversos artículos académicos.
El mayor reto del próximo Plan Nacional Hídrico 2025-2030 será cambiar el paradigma técnico y político de la gestión del agua, que pueda hacer instrumental y operativo el modelo de la gobernanza para gestionar democrática, integral e integradamente los recursos hídricos con base a nuestros derechos humanos. Si se cuenta con funcionarias y funcionarios comprometidos y capacitados en este nuevo paradigma, a pesar del difícil escenario que enfrenta México especialmente por cuestiones de cambio climático, será uno de los mayores logros de la siguiente presidenta. Ya en este gobierno encabezado por el Lic. Andrés Manuel López Obrador, se sentó una base para la realización participativa del Plan Nacional Hídrico 2020-2024 y sus respectivos planes regionales. Queda ahora estar atentas y atentos a las propuestas presidenciales en los muy prontos procesos electorales y sobre todo, en informarse, participar y vigilar las decisiones que se tomen en el nuevo sexenio federal.
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