No hay mejor momento para abordar los conflictos por el líquido vital en México, al analizar el reciente caso de la presa La Boquilla, donde pobladores chihuahuenses se enfrentaron a la Guardia Nacional, generando un boom mediático en todo el país, especialmente por los matices políticos que aparecieron en el camino. A la par, está en formulación la Ley General de Aguas que tiene como objetivo dar soluciones a los diversos faltantes que ha tenido durante muchos años la gestión del agua en el territorio mexicano.

Por su parte, la literatura explica que los conflictos hídricos son el resultado de la diversidad de demandas, pretensiones o aspiraciones que convergen sobre los limitados recursos y que no pueden satisfacerse simultáneamente. ¹ Estos pueden ocurrir por múltiples factores que se relacionan entre sí, como lo son la disponibilidad hídrica, la variedad de usos, la geopolítica, entre otros. ² También, este tipo de conflictos pueden entenderse como una ineficacia de la gobernabilidad y gobernanza del líquido, donde existe crisis en las decisiones de los gobiernos y debilidades legales/institucionales, -sumado un escenario de fragmentación política- generan deslegitimización, oposición y disputa, pero que al mismo tiempo pueden permitir reconfiguraciones -incluyendo positivas- en la gestión. ³

Contextualizando con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se muestra que a nivel de entidad federativa, Chihuahua ha perdido vertiginosamente su nivel de almacenamiento en sus presas en la última década, ⁴ siendo el 2020 un año muy particular, al registrarse un volumen del 31% de su capacidad ordinaria. Especialmente, la presa La Boquilla, ⁵ ubicada en el municipio de San Francisco de Conchos es la más grande del estado, con una capacidad de almacenamiento máximo de 3453.576 hm^³, pero actualmente se encuentra en 887.173 hm^³.

En cuanto a la disponibilidad, la cuenca donde se ubica la presa se encuentra en números rojos, ⁶ lo que significa que no hay posibilidades de otorgar nuevas concesiones o volúmenes extras de agua para otros usos, como lo puede ser cumplir un tratado internacional de aguas en este caso en específico. Complementando con lo anterior, la zona se encuentra vedada con fines de promover la recuperación hidrológica, ⁷ y en caso de que se decida usar el agua de la presa La Boquilla en las próximas semanas, no solo puede vulnerar los derechos de uso, por ejemplo de los agricultores, sino que también podría afectar de alguna manera al derecho humano al agua y a los ecosistemas de la zona.

Estudios del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua han evidenciado los impactos negativos que ha tenido el cambio de uso de suelo desde los años 70 en la Cuenca de Río Conchos, ⁸ destacando la deforestación de los bosques, la pérdida de ecosistemas ribereños y el incremento del área agrícola, lo que deterioró alarmantemente la disponibilidad del agua en el área; sumada la sobreexplotación de sus acuíferos, se provocó una tendencia a la desertificación del territorio, lo que convierte a la población aún más vulnerable ante el cambio climático.

En el ámbito político, la entidad actualmente es gobernada por el PAN y municipalmente por el PRI, subrayando que el año próximo son elecciones en ambos niveles, y cualquier situación puede politizarse y finalmente servir como recurso de campaña que sume votos. Ante esta situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló a miembros de estos dos partidos de estar detrás de los enfrentamientos sucedidos hace algunas semanas en la presa La Boquilla. ⁹ Del lado internacional, la postura del gobierno federal mexicano es evitar a toda costa algún tipo de fricción con la impredecible administración de Donald Trump, que de igual manera pueda usar como botín electoral un posible incumplimiento del ya famoso tratado de aguas internacionales de 1944, resaltando que el país vecino entra en votaciones presidenciales en noviembre de este año.

Analizando el panorama social, es muy bien cierto que los agricultores chihuahuenses viven una sequía histórica, que perjudica en los rendimientos del campo y en la economía de las muchas familias que dependen del agua, y al ver que se desfoga el vital recurso de la presa de una manera militarizada y con una nula estrategia de comunicación por parte de la Conagua principalmente, es natural la protesta enérgica de la población, sin justificar ninguna modalidad de violencia. Después de lo ocurrido, la Conagua lanzó una campaña sobre el tratado de aguas transfronterizas, ¹⁰ para tratar de generar un entendimiento común, y lograr la cooperación especialmente con el gobierno de Javier Corral Jurado para conseguir entregar los volúmenes que le corresponden a EEUU. Debido a las tensiones que existen entre la federación y la entidad sobre el tratado, no se ve claro un posible acuerdo a corto plazo.

En términos normativos, la vigente Ley de Aguas Nacionales (LAN) establece en sus artículos 7 BIS y 14 BIS, que es de interés público así como instrumento básico de la política hídrica nacional “la prevención, conciliación, arbitraje, mitigación y solución de conflictos en materia del agua y su gestión”, y el artículo 9 le da a la Conagua la atribución de “Analizar y resolver con el concurso de las partes que correspondan, los problemas y conflictos derivados de la explotación, uso, aprovechamiento o conservación de las aguas nacionales entre los usos y usuarios”, en colaboración con los Organismos y Consejos de Cuenca.

Recientemente, el diputado Feliciano Flores Anguiano, que es presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, presentó el borrador de la Ley General de Aguas ¹¹. Este recupera de la LAN la responsabilidad de la Conagua para gestionar los conflictos hídricos, sin embargo, en su artículo 69, el borrador concede la atribución al IMTA de “Desarrollar instrumentos de difusión y consulta pública sobre conflictos en materia de agua y saneamiento”, y en los artículos 99 y 103, se faculta tanto al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para participar en estos procesos. Mientras que los artículos 129 y 130 declaran como una de sus once Estrategias Nacionales, la disminución de los conflictos sociales por el agua, mejorando las rutas, protocolos, comunicación, intercambio de información, acciones interinstitucionales y con mesas de trabajo, para la creación de acuerdos y lograr su resolución integral.

Asimismo, este borrador incluye impulsar un sistema de indicadores, que permitirá evaluar el número de conflictos, la cantidad de casos resueltos así como la cifra del cumplimiento de los acuerdos. De igual modo, el Sistema Nacional de Información del Agua (SINA), de acuerdo al artículo 136, integrará reportes permanentes sobre los conflictos hídricos. Finalmente el artículo 145 establece como función de la Comisión Intersecretarial de Política Hídrica (conformada por al menos 17 institutos y secretarias federales), crear grupos de trabajo específicos para atender la problemática desde las políticas, así como su respectivo seguimiento.

Con lo expresado anteriormente, se reflejan cambios legislativos en materia de los conflictos hídricos que pueden permitir una mejor gestión en México. En particular, el caso de la presa La Boquilla puede generar más preguntas que respuestas, ¿la vigente Ley Nacional de Aguas permite gestionar adecuadamente los conflictos por el líquido?, ¿se logrará un acuerdo democrático con las comunidades y grupos políticos?, ¿perderá legitimidad la Conagua y el gobierno federal?, ¿el país podrá entregar los volúmenes a EEUU establecidos en el tratado? o ¿existirá algún tipo de prórroga especial?, ¿se tomará este caso de ejemplo para robustecer la naciente normativa para gestionar de mejor forma los conflictos por el agua?

Es el momento para que el gobierno mexicano, o mejor dicho los gobiernos considerando los tres niveles y poderes, muestren su efectividad, su inteligencia y su responsabilidad con la sociedad, para garantizar en primera, el respeto de los derechos humanos, y al mismo tiempo se pueda lograr una cooperación binacional para entender y atender la compleja situación por la que atraviesa México, específicamente con lo relacionado a la disponibilidad de agua en las cuencas y a los conflictos que puede provocar la fallas en la administración del líquido vital.

También resulta importante, no olvidar como factor que influye en los conflictos actuales, el cambio de uso de suelo y las políticas insostenibles implementadas en las últimas décadas, que producen un impacto grave en el acceso al agua dentro del territorio, por lo que es imperante el cambio de paradigma en el desarrollo, a uno más resiliente, sustentable y participativo, recordando que el cambio climático es uno de los mayores retos que enfrenta la humanidad hoy en día.

Sin duda, existe un enorme espacio de aprendizaje en este caso de la presa La Boquilla para los estudiosos de las políticas públicas y los tomadores de decisión, con el fin de fortalecer los esquemas institucionales de hidrodiplomacia y gobernanza en la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Respectivamente, la literatura multidisciplinar debería jugar un rol fundamental para la nueva Ley General de Aguas, pues ofrece un gran apoyo para mejorar la administración de los conflictos por el líquido vital. Si bien un nuevo marco normativo puede ser muy útil, las voluntades políticas (que asignan el presupuesto al sector) son críticas dentro de esta realidad, pues la fragmentación y la todavía frágil democracia que actualmente vive México complican más el panorama. La posible solución tendrá que nacer de un proceso de diálogo, comunicación, negociación, consenso y planes de trabajo conjuntos, poniendo al centro las necesidades y derechos de las personas más vulnerables. No hay fórmulas rápidas, o aprendemos o estaremos condenados a repetir la historia próximamente.

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